Próximo ministro de Justicia ante reforma constitucional: “Es solo para cumplir con un sello ideológico que terminará en la despensa”

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Hernán Larraín, quien fuera senador UDI por el Maule durante 24 años aborda ejes de su futura gestión.
En entrevista con El Mercurio además se refiere a las críticas de algunas agrupaciones de DD.HH. sobre su designación, acusando su relación con Colonia Dignidad.


Según consignó Diario El Mercurio en su edición impresa, el senador de la UDI asistirá esta semana a sus últimas sesiones en la Cámara Alta para luego volver a volcarse de lleno a la agenda que lo espera en el edificio de calle Morandé 107, junto con sus subsecretarios Juan José Ossa y Lorena Recabarren. Crisis carcelaria, reformas al Sename, cambios en el Código de Procedimiento Civil y ajustes a la reforma procesal penal son algunas de las tareas que conversó con el Presidente electo Sebastián Piñera.

Desde su oficina de la UDI, donde embalará sus fotos y libros, aborda los desafíos que enfrentará en su cartera.

-¿Cuáles fueron las prioridades que le planteó el Mandatario electo en la reunión de trabajo que sostuvieron a comienzos de semana?

-Una de las tareas es que la gente sienta que si tiene conflictos y controversias, tiene una forma fácil de solucionarlos. Que el ciudadano de a pie sienta que va a tener un acceso fácil a la justicia. Y creo que la propuesta que existe de modificar el Código de Procedimiento Civil, haciéndolo más simplificado, oral, lo más desformalizado posible, más automático reduciendo los trámites; sumado al fortalecimiento del arbitraje y la mediación y el impulso de la justicia vecinal que vamos a instalar en todo Chile, se va a lograr conseguir ese objetivo. También queremos hacer ajustes a la reforma procesal penal, porque hay temas que han dejado en evidencia la necesidad de corregir algunas materias.

-¿Qué ajustes?

-En el proceso penal hay una primera parte donde el fiscal es un ser todopoderoso. Solo después, cuando entra a la etapa del juicio oral, se empieza a equilibrar, y muchas cosas que se habían dicho cambian de giro. Porque no es lo mismo decirlas a la prensa, como hacen algunos fiscales -algunos de ellos vía filtraciones-, que sustentarlas en el juicio oral. Eso hay que revisarlo para evitar la omnipotencia que se produce en los fiscales, o de indefensión de los imputados. Según un estudio de estos días, alrededor del 40% de los imputados que han estado presos en Santiago I terminan sus procesos sin condena alguna. Hay que estudiar para ver que el proceso sea lo más adecuado, para que nunca más existan filtraciones, para que haya una mayor responsabilidad. Los fiscales están para investigar y los jueces de garantía para asegurar que los procesos funcionen bien, pero algo aquí no ha funcionado que hay que corregir.

-El Ministerio Público, posiblemente, reclamará su independencia.

-Es vía legal, se trata de ajustar ciertas materias. Y lo vamos a hacer junto con los fiscales. Creo que el más complicado con las filtraciones es (el fiscal nacional) Jorge Abbott, y, por lo tanto, lo vamos a ayudar para que este tipo de distorsiones que se han producido dejen de afectar la situación de los imputados.

-¿Es necesario debido a casos como en La Araucanía o de platas políticas?

-Se ha producido en distintos ámbitos. Y la “Operación Huracán” es el ejemplo más sintomático de los problemas que afectan al sistema de persecución penal en el establecimiento de los hechos ocurridos por parte de los órganos intervinientes y la crisis de coordinación entre las policías, la fiscalía y el gobierno. Las víctimas del atentado incendiario de camiones no tienen ninguna satisfacción y los delincuentes que perpetraron los hechos disfrutan de la impunidad. La carta del subsecretario Aleuy al fiscal nacional deja en evidencia la gravedad del problema que obliga a medidas de cirugía mayor.

Crítica por reforma constitucional: “Es un saludo a la bandera”

-La Presidenta Bachelet enviará la reforma constitucional a días de dejar el gobierno. ¿Qué opina sobre esa decisión?

-Es un ejercicio sin destino, porque entregar un proyecto sin ninguna capacidad para impulsarlo es un saludo a la bandera. Es solo para cumplir con un sello ideológico que terminará en la despensa.

“Ese no es el camino. Lo que ha ocurrido en estos 28 años ha sido muy positivo, que ha sido una evolución constitucional consensuada que nos ha permitido cambiar la Constitución del 80 en otra Constitución. Me tocó, siendo presidente del Senado en 2004, firmar el acuerdo político cuando estaba el Presidente Lagos que permitió la Constitución del 2005. Ese acuerdo ha sido el más potente para descomprimir el problema constitucional que generaba la del 80”.

-¿Pero cree que es necesario reformar el texto constitucional?

-Sí creo que hay que introducirle cambios a la Constitución, pero hacer una nueva, lo único que hace es generar inestabilidad.

“La gente quiere seguridad, pero ninguna cárcel cerca de su casa”

-El reciente informe de la Corte Suprema sobre el estado de las cárceles describe encierros por más de 16 horas y altas tasas de hacinamiento.

-(Interrumpe) El año 2003, la ministra (Mónica) Maldonado hizo un informe que decía textualmente que en las cárceles en Chile había tratos crueles, inhumanos y degradantes. He visitado las cárceles, y mi experiencia ha sido dramática. Lo que ha hecho este informe es poner nuevamente en tela de juicio algo que existe y respecto de lo cual, como sociedad, no hemos sido capaces de revertir. Lo que hacen las cárceles chilenas, en muchos casos, es privar de dignidad a las personas.

-En concreto, ¿cuál será su plan para resolver la problemática carcelaria?

-Hay que revisar la estructura física. Hay muchos lugares que son francamente imposibles que hay que abordarlos. En Santiago, la ex Penitenciaría es, sin duda, uno de ellos. Es necesario buscar una solución que permita una reorganización. La experiencia internacional dice que es bueno separar en diversos grupos según interés de rehabilitación y trabajar separadamente en tres grupos para lograr de cada uno lo mejor. Y eso permitiría trabajar con mucha efectividad en dos tercios de la población penal y se trabaja de otra manera con el resto. Además, debemos trabajar como eje central en la reinserción que se complemente con la custodia. Si se hace en forma sistemática, creo que se puede avanzar. Tenemos que entender que la prevención del delito es nuestra responsabilidad y se puede hacer con proceso de rehabilitación.

-En el primer gobierno del Presidente Piñera, el ex ministro Felipe Bulnes presentó una serie de medidas para abordar el problema en las cárceles. Incluso se contrató una consultora internacional para que hiciera una evaluación, y ocho años después la situación sigue siendo grave. ¿Por qué se puede mejorar ahora?

-(Toma de su escritorio un fajo de papeles) Esa consultoría está aquí. Con esto se propuso una cárcel modelo que no se pudo implementar, en parte porque pasó una situación muy compleja; no fue posible encontrar los terrenos para desarrollar este programa. La gente quiere seguridad, pero ninguna cárcel cerca de su casa.

“Creo que podemos aprovechar la infraestructura que existe y transformarla. En materia de custodia, las cárceles concesionadas han hecho una buena labor de custodia, pero no se ha notado ningún efecto en reinserción. En esos casos hay que trabajar. Hay que revisar dónde la situación es más apremiante para introducir cambios. Algunas cárceles se han demorado, como la de Talca y Copiapó, pero deberían salir luego y hay que resolver el tema de Chillán, donde hay un proyecto aprobado, pero, de nuevo, está el problema de concretar su ubicación”.

Enfermos terminales y crisis del Sename

-Usted ya señaló que no cerraría Punta Peuco si es un penal que funciona bien. ¿Piensa ampliarlo a otro tipo de reos?

-Creo que se ha hecho una tormenta en un vaso de agua. Hay que ver si esas instalaciones puedan albergar, con alguna ampliación, a otras personas que estén privadas de libertad. No tiene ningún sentido, desde esa perspectiva, cerrarla. Es distinto a lo del Penal Cordillera, que yo fui partidario de cerrarlo porque no me parecía que fuera un recinto carcelario, pero Punta Peuco sí.

“Se comete un error muy grave al circunscribir el tema solo a las violaciones a los DD.HH. ocurridas durante el gobierno militar. Ciertamente que es muy importante y seguiremos trabajando por mayor verdad, justicia, reparación y reconciliación que sea posible. Pero vamos a hacer una agenda completa de derechos humanos. Y ya hay dos áreas que están cuestionadas, que son los menores y las cárceles. Otros temas donde hay inquietudes sobre nuestro compromiso con los DD.HH. son también los adultos mayores, personas discapacitadas, inmigrantes, entre otros temas”.

-¿Cuál será su política respecto a beneficios carcelarios para personas de edad avanzada, con enfermedades terminales? Sectores ligados a los reclusos de Punta Peuco lo han pedido.

-Es una materia que no tiene que circunscribirse a un tipo de preso. Tenemos que tener criterios realistas con personas que están con enfermedades terminales, independientemente del delito que hayan cometido. Me parece más humano y se compadece más con el sentido de justicia. Justicia no es aplastar a la persona hasta las últimas consecuencias, sino que pague por sus responsabilidades. Una persona que está privada de la razón, tenerla presa me parece un acto que es lesivo con la dignidad de esa persona.

-¿Y cómo abordará la crisis del Sename, considerando la muerte de 1.313 niños bajo el cuidado del Estado entre 2005 y 2016?

-Comenzaremos perfeccionando el proyecto de la Presidenta Bachelet de estructurar dos servicios: el de reinserción juvenil y el de protección especial de niños vulnerables que están en tramitación.

“La clave es trabajar en los procesos de rehabilitación y avanzar en la desinternación de los niños. Se habla de 7 mil menores en el área de protección que están residencializados. Uno podría reducir 2 o 3 mil, en un plazo razonable, buscando que vuelvan a sus familias, la familia extendida, impulsando el programa de familias de acogida y avanzar en la incorporación de las familias adoptivas. Podríamos, entonces, pensar que habrá unos 4 mil niños en los centros y podrá permitir una atención más personalizada, más directa, reducir el número de niños por centro y así ayudar mejor a su reinserción, que es el elemento fundamental”.

-¿Cómo tomó la crítica de algunas agrupaciones de DD.HH. sobre su designación, acusando una relación suya con Colonia Dignidad?

-En el tema Dignidad, lo que hice fue hacerme cargo de una institución que existe en mi región. Trabajé con todas las personas naturales y jurídicas de mi región, siempre. No le cerré la puerta a nadie. Y en ese caso yo ayudé, a petición de los propios pacientes, por el cierre del hospital. Fue transversal esa ayuda, trabajamos con parlamentarios de todos los colores políticos. Y respecto de las otras investigaciones que se hicieron con posterioridad a lo del hospital, que dice relación con la situación de Paul Schäffer -a quien prácticamente no conocí-, cuando él decide no entregarse a la justicia, yo corté relaciones con Dignidad. Eso fue en 1997. Si ellos estaban fuera del Estado de Derecho, yo no podía tener vinculación alguna con ellos. Y así fue. Mi mayor carta de presentación en esta materia es que la gente de zonas como Parral y las comunas colindantes, en las elecciones del 2001 y 2009 me reeligieron con la más alta mayoría. La gente ha legitimado y apoyado todo mi accionar. Y la gente que tiene esas dudas puede tener la certeza de que estaremos impulsando la agenda de DD.HH. en todo sentido, y también preocupados por las personas que fueron dañadas por Colonia Dignidad, como se ha sabido con posterioridad y que requieren de una ayuda del Estado.

“Hay que darle mayor transparencia. Hoy el mecanismo le da mucha discrecionalidad al propio gobierno”

-¿Cuándo contempla reunirse con el Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito? ¿Qué espera de esa relación?

-Espero tener la mejor relación con la Corte Suprema. Lo primero que voy a hacer cuando asuma el ministerio será contactarme con el ministro Haroldo Brito y pedir una reunión con el pleno, como una manera de testimoniarle nuestro compromiso y ponernos a su disposición para conocer sus expectativas y propuestas. Para el Presidente Piñera es clave tener una buena relación con el Poder Judicial y que sientan que tienen en el Gobierno un aliado.

“Avanzaremos en propuestas para fortalecer el trabajo que realiza el Poder Judicial. Necesitamos que sea independiente de cualquier presión y que actúe con altos estándares de transparencia”.

-¿Con qué medidas?

-Queremos avanzar en el tema de nombramiento de los jueces. Creo que hay que darle mayor transparencia, mayor publicidad. Que trascienda que las decisiones son por mérito y que no haya interferencia de ninguna especie. Hoy el mecanismo le da mucha discrecionalidad al propio gobierno y no sé si como sistema es el mejor. Conversaremos con ellos para perfeccionarlo. Si eso significa que el ministro de Justicia pase a tener un rol distinto, de menor relevancia, no tengo problemas con eso. Lo mismo queremos hacer con el nombramiento de notarios.

-El aumento de notarios y conservadores que realizó el actual ministro Jaime Campos abrió un amplio debate. ¿Está de acuerdo con esa medida?

-Es una forma de enfrentar el problema, porque uno quisiera que notarios y conservadores estuvieran lo más cercano posible a la gente, y eso obliga a abrir el número. Pero no es lo único que se puede hacer. Queremos que los procesos sean lo más expeditos posibles, con aprovechamiento de la tecnología, con la menor tramitación presencial. Incluso si revisamos todas aquellas cosas que requieren autorización notarial, a lo mejor muchas de ellas no la requieren.

La Araucanía:

“En algunos sectores ha fracasado el Estado de Derecho”

-¿Qué rol desempeñará en torno al conflicto de La Araucanía? El recién nombrado intendente, Luis Mayol, dijo que restablecería el Estado de Derecho en la zona…

-En algunos sectores de La Araucanía ha fracasado el Estado de Derecho. A propósito de la Operación Huracán, por ejemplo, eso ha terminado en un espectáculo grotesco entre carabineros y fiscales, y las víctimas de quema de camiones sufren las consecuencias, sin ninguna reparación por lo que han sufrido. Eso es fracaso del Estado de Derecho. No hay capacidad jurídica que permita tener una ley adecuada. Vamos a tener que perfeccionar la ley antiterrorista, que pueda aplicarse de una manera justa, que atienda la realidad de hechos que no son delincuencia común.

-¿Cómo se coordinará con Interior?

-Hemos conversado con Andrés Chadwick, para que Justicia e Interior puedan trabajar en temas de inteligencia, revisar la ley antiterrorista para corregirla y perfeccionarla.

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